El derecho administrativo tiene la obligación de mejorar la calidad de vida de la población y, en lugar de los privilegios, de la autoridad y prerrogativas del administrador, el Estado social y democrático de Derecho cobra importancia la buena administración a favor del ciudadano como participante efectivo. Los intereses generales articulan el derecho a la buena administración como derecho fundamental del individuo a través de una acción dinámica, propia del Estado social democrático de derecho en busca del equilibrio entre poder y libertad, en dos dimensiones importantes: conjunción con la realidad y caracterización de políticas públicas, de manera objetiva al servicio del interés general.
