El presente trabajo tiene como objetivo verificar la compatibilidad de las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con las garantias constitucionales, al tiempo que defiende la necesidad de establecer un espacio doctrinal específico para la teoría de un derecho administrativo punitivo. Al final, concluye por la incompatibilidad y la necesidad de reformar las normas procesales allí previstas.
