LA CRITICADA PRISIÓN PREVENTIVA EN LATINOAMÉRICA

Ano: 2021 | Volume: 7 | Número: 1

Autores: MANCILLA, José Luis Farfán

Palavras-chave: Conductas delictivas, sistema inquisitivo, sistema acusatorio, sistema procesal penal, ius puniendi, presunción de inocencia, debido proceso, prisión preventiva, jueces de control de garantías, reserva y secretividad del proceso, combate al crimen.

Resumo Espanhol:

El juzgamiento de las conductas delictivas, a lo largo de la historia han conocido en el hemisferio occidental tres sistemas o modelos, originados de la democracia griega, de las condiciones políticas, sociales e incluso religiosas luego de la caída del imperio romano hasta avanzada la edad media, y el pensamiento iluminista de la Revolución Francesa que mixtificó los modelos previos. Cabe resaltar que Latinoamérica, de amplia herencia cultural española y portuguesa, adquirió para sí un proceso con rasgos y matices propios del sistema inquisitivo, dado que la dominación colonial se extendió hasta avanzado el siglo XVIII, y luego de la emancipación, algunos países del continente, instauraron un sistema federativo de gobierno, lo cual agregó un ingrediente particular para la transformación del sistema procesal penal y no es sino hasta el surgimiento del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, producto de la reunión de ideas de connotados procesalistas latinos, que inicia la etapa de reforma procesal penal, de cara a la incorporación de un sistema acusatorio como sistema procesal para la aplicación del ius puniendi del Estado. Luego de más de dos décadas de vigencia de dicho sistema en algunos países latinoamericanos, el mismo presenta contrariedades y detractores dada la vulneración constante de la presunción de inocencia y el debido proceso, debido a la tramitación extensa de las causas por períodos de tiempo demasiado largos, y sobre todo, el exacerbado uso de la prisión preventiva como medida cautelar de sujeción al proceso, que en la práctica se ha convertido en una pena anticipada o un mecanismo de presión hacia el sindicado, para que en contra de lo establecido en la Constitución Política de la Republica de Guatemala, declare en su perjuicio aceptando los cargos, dado la discrecionalidad que la normativa constitucional y procesal penal confiere a jueces de control de garantías, aspectos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha plasmado en sendos informes y recomendaciones a los países miembros y signatarios del Pacto de San Jose, por la existencia de sobrepoblación carcelaria, la corrupción existente en los centros detención, y la inobservancia los estándares para imponerla en especial la proporcionalidad, aunado al hecho de utilizar como herramientas de control de la criminalidad en casi la totalidad de los países latinoamericanos, leyes específicas contra la denominada criminalidad organizada, que restringen abiertamente no sólo garantías individuales sino creando procesos mixtos de juzgamiento en los cuales la reserva y secretividad son pilares, contradiciendo abiertamente los principios y espíritu del proceso penal acusatorio so pretexto de combate al crimen.