LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN ARGENTINA

Ano: 2019 | Volume: 3 | Número: 11

Autores: E. Cassagne

Palavras-chave: Administrative contracts – Public-Private Partnership – Public tender – Prerogatives – Warranties – Legal certainty

Resumo Inglês:

Public-Private Partnership contracts (PPP contracts) were introduced in Argentine legal framework with the enactment of Law No. 27.328 on 16 November, 2016, as a result of a significant social consensus regarding the need of establishing a regulation which allowed a paradigm change in administrative contracting. The law was implemented by Decrees No. 118/2017 and 936/2017. This new regime, whose flexibility allows a wide variety of transactions to be developed within its scope, is structured as an alternative to other administrative contracts contained in our legal framework, and aims to improve the efficiency in public contracting, whilst it fosters other public-interest objectives, such as social inclusion, creating jobs and protecting the environment, amongst others. This article focuses on the analysis of the regime, and particularly emphasizes its structural aspects through which legal certainty is offered to investors, contractors and the Government, in particular the establishment of clear rules which grant confidence to those who are interested in participating in this kind of contracts. Thus, it is explained that contracts must clearly establish its current term, risk allocation between parties, obligations undertaken by the contractor, payment conditions and procedures, price review procedures and sanctions for breaches of contract, amongst other clauses. Moreover, the article emphasizes the importance of foreseeing clearly the Government’s prerogatives during the contract development, especially those referred to unilaterally modifying the scope of work under the PPP agreement or premature termination for convenience, establishing suitable compensation systems to guarantee the public party’s indemnity. In this respect, clauses directed to maintain the original economic and financial balance of the contract are essential. Also, the regime establishes rules regarding damage liability of the Government which are more favourable to the private party than those contained in the general administrative regime. On the other hand, the article explains how the public tender or bidding procedures used to select an awardee –as established in the Law- are the most convenient for the public interest. There are also specific warranties which ensure payment obligations assumed by the public party, one of which consists of a PPP trust created with public resources to ensure payments. Regarding dispute resolution mechanisms for controversies arising in relation to the execution, application and interpretation of PPP contracts, the framework provides that they may be submitted to technical panels or arbitral tribunals, subject to a specific regime which grants wider warranties for investors. Last but not least, the article refers to control and follow up of the PPP’s procurement processes and execution of PPP agreements, which shall be performed as following: the design and implementing of general regulations will be in charge of the PPP Sub-Secretariat, the contract development inspections will be held by the contracting authority, and there will be a Bicameral Committee responsible for supervision of the execution of PPP agreements.

Resumo Espanhol:

Los contratos de Participación Público Privada (PPP) fueron introducidos en el régimen jurídico argentino con el dictado de la Ley 27.328, sancionada el 16 de noviembre de 2016. Ésta fue el resultado de un importante consenso social frente a la necesidad de dictar una regulación que permitiera un cambio de paradigma en la contratación administrativa. La ley fue reglamentada mediante los decretos 118/2017 y 936/2017. Este nuevo régimen, cuya flexibilidad le permite abarcar todo tipo de contrataciones, se estructura como una modalidad alternativa a los demás contratos administrativos regulados en nuestra legislación, tiende a incrementar la eficacia en las contrataciones públicas, al mismo tiempo que promueve el logro de otros objetivos de interés público tales como la inclusión social, la creación de fuentes de trabajo y la protección del medio ambiente, entre otros. El presente artículo se adentra en el análisis del régimen y en particular de aquellos aspectos estructurales mediante los cuales se pretende ofrecer seguridad jurídica a los inversores, los contratistas y el Estado, a través del establecimiento de reglas claras que otorguen confianza a los interesados en participar de este tipo de contrataciones. Así, se explica que los contratos deben establecer con claridad su plazo de vigencia, la distribución de riesgos entre las partes, las obligaciones del contratista, el régimen de explotación y destino de los bienes, las formas, modalidades y oportunidad de pago, el régimen de revisión de precios y las sanciones por incumplimiento contractual, entre muchas otras cláusulas. Asimismo, se enfatiza en la importancia de prever con claridad las prerrogativas del Estado contratante durante la vigencia del contrato, en especial las de revocación y modificación de las cláusulas contractuales, estableciendo al mismo tiempo mecanismos adecuados para mantener indemne al contratista. En este sentido, resultan esenciales las cláusulas tendientes al mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato. También se establece un régimen de responsabilidad patrimonial del Estado más favorable para los derechos de los contratistas, que el previsto para el resto de la actuación administrativa. Por otro lado, se explica de qué manera la selección del contratista mediante procedimientos de licitación o concurso público –tal como se encuentra previsto en la ley- permite una mejor satisfacción del interés público. A su vez, se desarrollan las garantías que el régimen prevé para asegurar las obligaciones de pago asumidas por la parte contratante, y en particular el rol que desempeña el Fideicomiso de Participación Público Privada en este aspecto. Con relación a la resolución de controversias, se analizan las dos alternativas que prevé la ley: constitución de paneles técnicos y mecanismos de avenimiento y/o arbitraje, con un régimen especial, tendiente a otorgar las mayores garantías posibles a los inversores. Por último, se detallan los controles a los que el régimen se encuentra sujeto: la centralización del marco regulatorio se encuentra en cabeza de la Subsecretaría de PPP, a su vez que los contratos se encuentran sometidos a las facultades de control e inspección del contratante, así como al seguimiento de la Comisión Bicameral creada al efecto.