Regimen federal de acceso a la información pública

Ano: 2014 | Volume: 0 | Número: 44

Autores: A. Buteler

Resumo Inglês:

It is possible to affirm that the access to the public information is a fundamental human right, recognized in most compared legal systems and supranational systemn, by which anyone is allowed to access data, records and any information that is in possession of public or private authorities to carry forward public tasks. In this context, this study aims, from Act nº 1172/03, that establishes access to public information in the field of the Executive Power, to analyze the main guidelines have been drawn with the regulatory body and the judgments have been dictated in consequence. It is concluded that the refusal to provide the information requested constitutes an arbitrary and unlawful pactice under the principles of a democratic society and implies, therefore, an action that severely cut human rights. Therefore, the States must adapt their domestic law to human rights treaties and should not only guarantee this right in the purely administrative level or institutions linked to the Executive Power, but to all public departaments.

Resumo Espanhol:

É posible afirmar que el acceso a la información pública constituye un derecho humano fundamental, reconocido en la mayoría de los sistemas jurídicos comparados y supranacionales por el cual se permite a toda persona acceder a datos, registros, expedientes y a cualquier tipo de información que se encuentre en poder de autoridades públicas o privadas que lleven adelante cometidos públicos. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo, a partir del Decreto 1172/03 que establece el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, analizar os principales lineamientos que se han trazado con ese cuerpo normativo y las sentencias que se han ido dictando en su consecuencia. Se concluye que la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos humanos. Por lo tanto, os Estados deben adecuar su ordenamiento interno a los tratados de derecho humanos “no solo deben garantizar este derecho en el ámbito puramente administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del poder público