Las polÃticas de comunicación que se impulsan en Argentina a partir de 2009 con la sanción de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual constituyen un fenómeno de envergadura y sin precedente, que entre sus aspectos centrales: formaliza un desplazamiento conceptual según el cual la comunicación audiovisual pasa a ser considerada como un derecho humano antes que como una mercancÃa, genera un parámetro novedoso que establece lÃmites a la concentración de la propiedad y busca ampliar el arco de actores y espacios que conformarán el espacio audiovisual. Este proceso no estuvo exento de conflictividad y virulencia, quizás por esta razón la mayor parte de la discusión que se dio públicamente en los medios de comunicación definió como núcleo excluyente la modificación del vÃnculo entre el Estado y los actores privados lucrativos que la norma buscó desmontar. Sin embargo, tanto los cambios promovidos, como las zonas de vacancia que esta ley acredita son mucho más extensos y complejos que los referidos al sector lucrativo. En la estela de los cambios producidos, la diversificación y ampliación del sector de medios públicos ha sido quizás la polÃtica de transformación de mayor impacto en términos de desarrollo de infraestructura, creación de señales, producción de contenidos e incorporación de recursos humanos al mercado de trabajo. Este sector se expandirá fundamentalmente por la vÃa de la televisión digital terrestre. Directamente asociadas a esta plataforma digital tiene lugar la emergencia de las televisoras universitarias, gestionadas por las universidades públicas argentinas que serán convocadas en tanto actores estratégicos para el trabajo territorial en el plano federal. Su desarrollo, los dilemas que enfrentan, los escollos que han debido sortear, asà como la proyección en términos de la democratización de las comunicaciones y acceso ciudadano que realizan para los próximos años, constituyen el objeto de este artÃculo.
