Chilean criminal procedural history has gone through three stages: colonial (1536-1906), pre modern (1907-2000) and modern (2000). The first was characterized by the confrontation between indigenous law and Spanish law, the latter triumphing without the indigenous law having any relevance in the configuration of Chilean procedural law, disappearing under the application of the law imposed by the conqueror. The second was represented by abundant and dispersed Spanish legislation, which forced the legislator to codify, choosing the Spanish inquisitorial model, which resulted in the Criminal Procedure Code, in force since 1906, although currently limited to the events that occurred before entering govern
the Criminal Procedure Code. The third is marked by the replacement of the inquisitorial model by an accusatory type model, in force since the end of the last century, whose cornerstone is the aforementioned Criminal Procedure Code. This code, together with setting a paradigmatic change, rescued, however, institutions of the previous system, although redesigned. The most striking is the formalization of the investigation, which currently coexists with other innovative institutions and endemic to the Criminal Procedure Code, among others, the payment procedure and the conditional suspension of the procedure. The unavoidable question is the following: How do these institutions behave when they operate simultaneously or cross each other? This article addresses this question along with presenting practical cases that reflect the operation of the aforementioned institutions.
La historia procesal penal chilena ha atravesado por tres etapas: colonial (1536-1906), pre moderna (1907-2000) y moderna (2000). La primera se caracterizó por el enfrentamiento entre el derecho indígena y el derecho español, triunfando este último sin que el derecho indígena lograra tener alguna relevancia en la configuración del derecho procesal chileno, desapareciendo bajo la aplicación del derecho impuesto por el conquistador. La segunda estuvo representada por abundante y dispersa legislación española, que obligó al legislador a una codificación, escogiendo el modelo español inquisitorio, que se tradujo en el Código de Procedimiento Penal, vigente desde 1906, aunque actualmente limitado a los hechos acaecidos antes de entrar a regir el Código Procesal Penal. La tercera se encuentra marcada por la sustitución del modelo inquisitorio por uno de corte acusatorio, en vigor desde fines del siglo pasado, cuya piedra angular es el mencionado Código Procesal Penal. Este código junto con sentar un cambio paradigmático, rescató, sin embargo, instituciones del sistema anterior, aunque rediseñadas. La más llamativa es la formalización de la investigación, que actualmente convive con otras instituciones novedosas y endémicas al Código Procesal Penal, entre otras, el procedimiento monitorio y la suspensión condicional del procedimiento. La pregunta ineludible es la siguiente: ¿Cómo se comportan estas instituciones cuando operan simultáneamente o se cruzan entre ellas? Este artículo se hace cargo de esa pregunta junto con exponer casos prácticos que reflejan la operatividad de las aludidas instituciones.
