La creación de una jurisdicción que se encargue de judicializar la conducta criminal observada durante el conflicto armado en Colombia, ha revolucionado la estructura judicial concebida por la Constitución política de 1991. La jurisdicción especial para la paz, rompe todos los esquemas establecidos en la administración de justicia del País; esta justicia, determina su propia estructura al margen de la regulación y orientación de la justicia ordinaria, a quien la Carta Política le encargó la declaración del derecho. Con una reflexión lógico-deductiva, entraremos en el debate jurídico-académico del impacto en el uso del derecho tradicional con la aplicación del derecho construido en el marco de la excepcionalidad en el contexto del conflicto armado que ha vivido Colombia. Esta justicia, cuyos principios son la verdad; la justicia; la reparación, y la no repetición, fueron la esencia sobre las que giró su adopción, teniendo como punto de partida, la entrega de las armas, la finalización del conflicto armado, el sometimiento a la justicia, y el reconocimiento político de un grupo armado, autodenominado Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia -ejército del pueblo. Con la firma del acuerdo, entre el gobierno y el grupo guerrillero, denominado acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se protocolizó el nacimiento de una nueva administración de justicia en Colombia.
