Criminal law deals with the activity of citizens aimed at the use of wealth. The appropriate responses to crimes in the business environment must weigh particularities of the criminogenic factor of legal persons, enhanced by membership in a group, the greatest injury, access to more and more sophisticated means, expert advice and difficulty in the indivi-dualization of the person in charge based on the limitations to identify the natural person whose decision and whose action was reflected in the wrongful act. In addition, from a public perspective there is a growing concern of the State for the design of a criminal policy that can respond to the growing corporate crime that uses the corporate structure as a tool for the commission of crimes; The company appears in this scheme of the criminal system as a new subject of imputation of responsibility. As a consequence of this situation, it should be borne in mind that the rise of compliance programs together with the implementation of complian-ce systems is usually framed within an ethical conception of business activity, which should not be confused with the taxative and subsidiary framework that characterizes criminal law, analyzing the performance of criminal compliance programs and their usefulness to condemn, exonerate or mitigate the criminal responsibility of companies and the people who run them.
Cada vez con mayor frecuencia el Derecho penal se ocupa de la actividad de los ciudadanos dirigida a la utilización de la riqueza. Las respuestas adecuadas frente a los delitos en el ámbito empresario deben ponderar particularidades del factor criminógeno de las per-sonas jurídicas, potenciado por la pertenencia a un grupo, la mayor lesividad, el acceso a más medios y más sofisticados, asesoramiento de expertos y la dificultad para la individualización del responsable en función de las limitaciones para identificar a la persona física cuya decisión y cuya acción se plasmó en el ilícito. Además, desde una perspectiva pública se configura una creciente preocupación del Estado por el diseño de una política criminal que pueda dar respuesta a la creciente criminalidad empresarial que recurre a la estructura corporativa como herramienta para la comisión de delitos; la em-presa aparece en este esquema del sistema penal como un nuevo sujeto de imputación de responsabilidad. Como consecuencia de esta coyuntura, debe tenerse presente que el auge de los progra-mas de cumplimiento junto con la puesta en marcha de sistemas de compliance suele enmarcarse dentro de una concepción ética de la actividad empresarial, lo cual no debe confundirse con el marco taxativo y subsidiario que caracteriza al Derecho penal, y analizar el rendimiento de los programas de criminal compliance y su utilidad para condenar, exonerar o atenuar la responsabilidad penal de las empresas y de las personas que las dirigen.
